La Infanta firmó el contrato por el que se alquilaba el palacete a sí misma

• Rubricó como "arrendataria" y "arrendadora" un contrato simulado de alquiler

• Se autopagaba 12.000 € anuales para desviar fondos públicos de Nóos

• Generaba al tiempo gastos falsos que reducían los beneficios de Aizoon

ESTEBAN URREIZTIETA | EDUARDO INDA Madrid

La Infanta Cristina urdió y rubricó de su puño y letra el contrato fraudulento con el que, junto a su marido, hizo creer a Hacienda que tenían alquilado su palacete de Pedralbes a su sociedad instrumental Aizoon como sede de sus oficinas. Ni la residencia de los duques de Palma ha albergado jamás despacho profesional alguno ni la entidad que comparten al 50% ha tenido, como ya ha concluido el fisco, actividad real a lo largo de su década de vida.

El objetivo del matrimonio no era otro que el de articular un documento ficticio con el que generar gastos falsos que incorporaban a su empresa. De esta manera, pagaban menos impuestos al reducir considerablemente los beneficios declarados. Esta operativa ilegal sirvió también a Cristina de Borbón para desviarse a sus bolsillos 30.747 euros públicos procedentes del Instituto Nóos que, junto a su marido, había colocado previamente en Aizoon mediante la emisión de facturas falsas por servicios inexistentes. Gracias a esta treta, la hija del Rey, además de defraudar impuestos, cobró de su sociedad 6.000 euros en 2006, 6.180 euros en 2007, 6.444 euros en 2008, 3.828 y 3.300 euros en 2009 declarados por separado, y 4.995 en 2010.

La Agencia Tributaria acaba de aportar al sumario del denominado caso Urdangarin el resultado completo de la inspección a la que ha sometido durante los últimos meses a la entidad Aizoon, a la que no duda en tildar de "mera sociedad instrumental" del matrimonio. En el expediente entregado al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma figura el referido documento, fechado en Barcelona el 20 de diciembre de 2005, que demuestra, de forma definitiva, la participación directa y consciente de Cristina de Borbón en el fraude fiscal enclavado en la trama del Instituto Nóos y por el que está siendo investigada en estos momentos por el juez José Castro.

Este documento constituye una prueba de extraordinaria relevancia que pulveriza los argumentos empleados hasta el momento por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la Delegación de la Agencia Tributaria de Cataluña para exonerar por completo a Cristina de Borbón de la comisión de los delitos fiscales en Aizoon que, sin embargo, sí advierten con claridad en su esposo, titular del otro 50% de la sociedad.

"Para ser partícipe en un delito contra la Hacienda pública", ha señalado el fisco en el caso concreto de Cristina de Borbón, "se requiere una previa participación consciente dirigida a la defraudación a la Hacienda pública". "Bien induciendo al autor a cometer el delito, cooperando a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado, o cooperando a la ejecución del hecho mediante actos anteriores o simultáneos". Por último, apostillan sus dictámenes: "No puede considerarse a Cristina de Borbón cooperadora por el sólo hecho de ser socio no administrador de una sociedad".

Eso lo afirmaba Hacienda el pasado mes de mayo, sin que tuviera todavía en su poder el contrato ficticio de alquiler "de local de negocio y asimilados -arrendamiento de oficina y de nave industrial-", registrado en la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona el 6 de marzo de 2006 y que obra, desde esa fecha, en poder del Instituto Catalán del Suelo, dependiente de la Generalitat catalana. Este documento oficial lo suscriben, como "arrendadores", es decir, como propietarios de la vivienda situada en la calle de Elisenda de Pinós número 11 (que les costó 9 millones de euros), "S.A.R. la Infanta Doña Cristina de Borbón y Grecia y D. Iñaki Urdangarin Liebaert", cuyo "estado civil", precisa el contrato, es el de "casados". De otra parte, como "arrendatario" figura la sociedad Aizoon establecida "en la segunda planta" del palacete de Pedralbes y que, curiosamente, facilita como dirección a efectos de notificaciones la propia sede del Instituto Nóos.

Eso sí, al final del contrato, y para que no quede ninguna duda de la identidad de los responsables de la operación, estampan su rúbrica, a un escaso centímetro de distancia, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón como "arrendadores" y, de nuevo, los mismos firmantes, pero esta vez como "arrendatarios". Todo ello tras establecer en el articulado del acuerdo que se pagarían a sí mismos cada año y durante un plazo de cinco, "12.000 euros" además de una fianza inicial "en metálico" de "2.000 euros", cantidades que fueron depositadas en una cuenta de La Caixa controlada por ambos.

La Infanta Cristina ya intervino, también con su firma, en una compraventa simulada de acciones a la constructora Mixta África calificada por la propia Agencia Tributaria como "ficticia". Esta operación se materializó en 2007, ejercicio en el que Hacienda ha denunciado la existencia de un delito fiscal en Aizoon. Aquel documento, desvelado por EL MUNDO, incluye la rúbrica de la hija del Rey para fingir la compra de acciones por valor de 150.000 euros que el matrimonio Urdangarin-Borbón recibió sin desembolsar cantidad alguna.

Con estos elementos, así como con el resultado de la investigación policial que ha acreditado que la Infanta Cristina se gastó el dinero público de Nóos en cuestiones personales, el juez Castro debe decidir si la vuelve a llamar como imputada. Esta vez no ya por la supuesta comisión de un delito de tráfico de influencias sino por delito fiscal y blanqueo de capitales.